Esta entrada de Blog nace de un trabajo de tésis de Maestría en Economía de la Universidad del Rosario, destacado por su calidad científica. Agradecemos a Vox.LACEA por brindar este espacio a nuestros estudiantes.

El retraso actual en la infraestructura vial colombiana se ha convertido en una limitación para lograr un crecimiento adecuado en diversas actividades económicas del país. Así mismo, INVIAS (2017) afirma que las zonas del país con mayor rezago en la provisión de bienes públicos (carreteras, colegios, entre otros) son los municipios más afectados por el conflicto armado, aumentando su vulnerabilidad y reforzando el rezago de la seguridad de sus habitantes.

En ese sentido, Gobiernos recientes y el sector privado han implementado proyectos que buscan proporcionar carreteras de mejor calidad para llevar a cabo operaciones de comercio interno, y así conectar todas las áreas del país con sus principales centros económicos. Se han empleado diferentes fuentes de financiación para mejorar la infraestructura vial de los municipios. El Sistema General de Regalías, por ejemplo, ha brindado a los municipios hasta 10.000 millones de pesos para invertir en proyectos viales.

Recientemente, las “placa-huella” constituyen un proyecto de vía terciaria que alcanzó su popularidad después de la reforma de regalías en 2011 (Gallego et al., 2019) y que busca ser parte de las obras de rehabilitación de la red terciaria colombiana. Estos proyectos se llevan a cabo en zonas rurales, lugares que presentan un bajo volumen de tráfico con pocos autobuses y camiones. Automóviles, pequeños camiones y motocicletas son los componentes principales del flujo vehicular en estas carreteras (INVIAS, 2017).

En nuestro estudio: “More roads, more conflict? The effect of rural roads on armed conflict and illegal economies in Colombia” junto a Jorge Gallego y Juan Vargas, analizamos y cuantificamos el impacto de las “placa-huella” sobre el desarrollo del conflicto armado en el país. En particular, nos enfocamos en el número de ataques de grupos al margen de la ley (FARC, ELN y paramilitares), así como en la proliferación de cultivos ilícitos de coca en un periodo de 14 años. Encontramos tres aspectos claves para entender de qué manera la provisión de infraestructura vial terciaria impacta la consecución del conflicto armado.

Primero, los municipios que construyeron una “placa-huella” experimentaron aumentos en la actividad ilegal medida como ataques a la población civil o a la infraestructura pública. Además, las hectáreas cultivadas de coca aumentan en los municipios beneficiarios. Estos aumentos se observan dos años después de la construcción de la nueva carretera y representan un aumento de aproximadamente 0.17 ataques después de la finalización de la carretera, en comparación con los municipios sin “placa-huella” en nuestro periodo de análisis. En el caso de los ataques de FARC, estas carreteras están relacionadas con un aumento promedio de 0.0687 ataques, para ELN 0.0561 ataques y para paramilitares 0.0062 más ataques cada año. Si comparamos estos aumentos con los niveles medios de violencia, el incremento anual es de 4.8% para FARC, 10.5% para ELN y 0.76% para paramilitares, con respecto a los ataques promedio.

Nuestros otros dos resultados se enfocan en los mecanismos que permitan entender el aumento en los ataques después de la construcción de las “placa-huella”: la producción agrícola y la capacidad institucional.

Como segundo resultado, encontramos que las “placa-huella” afectan positivamente a las decisiones de producción agrícola, conllevando a un aumento en los ingresos municipales. Así, los incentivos de los grupos al margen de la ley de cometer ataques aumentan, dada la nueva disponibilidad de rentas que pueden ser extraídas con acciones que buscan intimidar a la población. En municipios más prósperos, el aumento en el numero de ataques es mayor que en los municipios de ingresos medios o bajos. En particular, en los municipios donde el nivel de PIB agrícola está por debajo de la media, la construcción de una “placa-huella” está relacionada con un aumento de 0.069 ataques de las FARC. Mientras tanto, en lugares cuyo PIB agrícola está por encima de la media, estas carreteras representan un aumento de 0.234 ataques de las FARC. De la misma manera, encontramos aumentos significativos en los ataques de otros grupos armados y en el global de ataques.

También encontramos evidencia a favor de un efecto de sustitución entre las actividades económicas legales e ilegales. En los municipios más prósperos, las nuevas carreteras aumentan el PIB mientras que el número de hectáreas de coca disminuye. Esto sugiere que los grupos armados tienen dos nuevos incentivos potenciales para cometer ataques en municipios más ricos: (i) la expropiación de nuevos recursos económicos, y (ii) la caída en la producción de hoja de coca, que directamente se traduce en una disminución de sus ingresos financieros.

Nuestro tercer resultado se enfoca en entender el rol de la capacidad institucional, altamente relacionada con la provisión de carreteras (D’Arcy and Nistotskaya, 2017). La fortaleza de las instituciones locales puede ser aproximada por la fuerza militar o por la eficiencia de otras ramas del gobierno, como el poder judicial. En ese sentido, utilizamos la proximidad a una brigada militar y dos medidas de capacidad judicial, que agregan la información sobre el número de jueces, abogados y fiscales generales en cada municipio (Prem et al, 2018). El aumento en ataques después de la construcción de una “placa-huella” es nueve, seis y dos veces menor en municipios más cerca a una brigada militar para FARC, ELN y paramilitares, respectivamente. Además, nuestros resultados sugieren que cuanto más alejados están los municipios a las brigadas militares, más tierras son dedicadas a los cultivos de coca.  

Los resultados también muestran que en lugares donde el sistema judicial actúa más rápido, la construcción de las “placa-huella” conlleva a una disminución de la actividad ilegal. Por ejemplo, la provisión de estas carreteras resultaría en aproximadamente 0.25 menos ataques de las FARC (o una reducción del 17% respecto al número medio de ataques).

Para concluir, nuestros resultados no deberían desanimar las inversiones en infraestructura vial ya que indiscutiblemente estas iniciativas representan un mayor bienestar económico para los habitantes, en especial aquellas poblaciones rurales cuya principal actividad económica es la producción agrícola. Por el contrario, nuestros resultados muestran la importancia para el Estado de fortalecer las instituciones locales en áreas remotas, mostrando que son capaces de proteger a los ciudadanos y de revertir efectos inesperados de la provisión de carreteras. Es crucial buscar cómo proporcionar servicios públicos y aumentar la capacidad del Estado local en las zonas rurales. Brindar capacitación de alta calidad a los trabajadores del sector público en las zonas afectadas por el conflicto y garantizar la sostenibilidad de instituciones de buena reputación, representan acciones prometedoras para lograr este objetivo.

REFERENCIAS:

D'Arcy, Michelle, and Marina Nistotskaya. "State first, then democracy: Using cadastral records to explain governmental performance in public goods provision", Governance 30.2 (2017): 193-209.

Gallego, Jorge, Stanislao Maldonado, and Lorena Trujillo. “Curse or Blessing? Institutional Reform and Resource Booms in Colombia”, documentos de trabajo Universidad del Rosario. (2018).

Instituto Nacional de Vías. Transformando a Colombia. Programa de Obra Publica: Corredores de Paz, Gobierno de Colombia (2017).

Prem, Mounu, Andrés Rivera, Darío Romero, and Juan F. Vargas. "Killing social leaders for territorial control: the unintended consequences of peace", Available at SSRN 3203065 (2018).