Este post apareció originalmente en International Policy Centre for Inclusive Growth One Pager Nr. 499, el 10 de Marzo del 2022.

Conjuntamente con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-RLC), el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) publicó tres informes de políticas sobre las lecciones aprendidas de la respuesta de protección social a la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (ALC) con el objetivo de reconstruir mejores sistemas de protección social para las poblaciones rurales.

El segundo informe de políticas de la serie estudia cómo la protección social puede proteger y promover el empleo rural. Identifica las buenas prácticas en las respuestas de seguridad social (SS) y mercado laboral (ML), dirigidas a las poblaciones rurales durante la pandemia. Para esta evaluación se llevaron a cabo entrevistas con las partes interesadas de tres programas seleccionados como buenas prácticas en la región.

En 2017, la producción agraria principal contribuyó al 14,3 por ciento del empleo en ALC, y a un 10-15 por ciento adicional si se toma en cuenta el empleo de la industria alimenticia en general. Sin embargo, las estimaciones de 2017 muestran que el 76,8 por ciento de los trabajadores rurales eran informales. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores rurales no tienen acuerdos decentes de trabajo ni protección de riesgos laborales, lo que los ha hecho vulnerables a las consecuencias socioeconómicas y de salud de la pandemia.

Los países de ALC crearon y/o adaptaron 163 programas de ML y 42 de SS para dar respuesta a la crisis del COVID-19. La intervención más común de SS consistió en adaptar las pensiones contributivas, mientras que los subsidios salariales para proteger el empleo fue la intervención más común de ML. La mayoría de las medidas de ML y SS se centraron en los trabajadores formales. Por lo tanto, es probable que los trabajadores rurales informales hayan sido excluidos de la respuesta de SS y ML, y hayan tenido que apoyarse sobre todo en la asistencia social. Es preocupante que sólo un 5 por ciento de las respuestas de SS y un 12 por ciento de las de ML hayan estado dirigidas explícitamente a las familias rurales y a los trabajadores agropecuarios.

Sobre esta base, las buenas prácticas estudiadas incluyen programas que sufrieron pequeñas adaptaciones durante la pandemia, pero que sin embargo pueden ofrecer lecciones valiosas para el diseño y la implementación de intervenciones de ML y de SS adaptadas a las necesidades y vulnerabilidades específicas de las poblaciones rurales: Garantia Safra del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil; Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar de México; y el Proyecto Noa Jayatai-Mujer Indígena (NJMI) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú.

Garantia Safra de Brasil es un plan de política pública de seguro de riesgos contra el clima en base a índices, que otorga beneficios en efectivo para garantizar los medios de vida de las familias productoras vulnerables que han perdido sus cosechas. Durante la crisis del COVID-19, Garantia Safra apoyó a las familias productoras afectadas por sequías o inundaciones de los efectos socioeconómicos de la pandemia y de las pérdidas de producción, a través de cambios administrativos menores, como una verificación y un registro de pérdida de cosecha más fácil, y un pago único. La mayoría de los beneficiarios también recibieron asistencia social a través de vinculaciones con el registro único de Brasil, el CadÚnico.

El Programa Sembrando Vida de México es un programa de obras públicas dirigido a mitigar la degradación social y medioambiental, promoviendo el empleo para las familias rurales pobres y los grupos vulnerables en sistemas productivos agroforestales. Durante la pandemia, Sembrando Vida sufrió cambios operacionales menores que fueron fundamentales para garantizar los ingresos de las familias productoras. Fue posible mantener el programa porque la mayoría de los productores ya habían sido registrados.

El Programa NJMI de Perú fue creado durante la pandemia para preservar y promover el empleo agrario otorgando asistencia técnica y bienes productivos. El programa fue innovador ya que se dirigió a las mujeres indígenas del Amazonas como beneficiarias. Basándose en programas ya existentes y mejorando la protección social peruana a través de una colaboración organizada con las comunidades indígenas, el Programa NJMI dio apoyo a las familias rurales pobres durante un año. Como el programa original en el cual se basó, éste puede presentar sinergias con el programa de transferencias en efectivo Juntos.

Ninguno de estos programas fue creado desde cero. En Brasil y México, las infraestructuras existentes, incluyendo los registros, fueron cruciales para permitir la identificación de los beneficiarios durante la pandemia. En Perú, apoyarse sobre la experiencia previa fue fundamental para dar una respuesta rápida. La colaboración con los trabajadores rurales o las organizaciones indígenas ayudó a la implementación de los programas en los tres países. Todos los programas también dieron prioridad a grupos vulnerables específicos dentro de la población rural.

En lo que respecta a las dificultades comunes, los entrevistados de Brasil y México destacaron los obstáculos de las poblaciones rurales en el acceso a los documentos. Los entrevistados de México y Perú también enfatizaron las dificultades en acceder a las comunidades indígenas por el peligro de propagar el COVID-19. Los problemas culturales y de tenencia de tierra también socavaron algunos esfuerzos en México y Perú.

¿Cómo podemos reconstruir mejor?

• Atendiendo los impedimentos legislativos, administrativos y financieros para los proyectos contributivos haciendo reformas en la legislación laboral, facilitando la inscripción y los pagos contributivos, y subsidiando los proyectos de seguros.
• Involucrando a los sindicatos y a las asociaciones de trabajadores rurales e indígenas en el diseño y la implementación del programa. Los miembros de la comunidad que estén familiarizados con los idiomas y cultura locales pueden contribuir en este ámbito.
• Utilizando regímenes de ML que incentiven los modelos de producción agroforestal con el fin de prevenir y mitigar los impactos de la degradación medioambiental y de la crisis climática mundial.
• Fortaleciendo la capacidad de los pequeños trabajadores rurales de reducir los impactos de las crisis medioambientales sobre su producción por medio de capacitaciones de habilidades y de prácticas agrarias de prevención adaptadas a los medios y a las culturas locales.

Referencia:

Sato, Lucas et al. 2022. Social protection response to COVID-19 in rural LAC: Protection and promotion of employment in the agricultural sector. Policy Research Brief N° 82. Brasilia: Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG).