Este post apareció originalmente en International Policy Centre for Inclusive Growth One Pager Nr. 496, el 10 de Febrero del 2022.

La irrupción de la pandemia de COVID-19 ha golpeado los cimientos de la economía y provocado efectos sociales devastadores en todos los países del mundo, siendo América Latina y el Caribe (ALC) una de las regiones más afectadas. La región experimenta deterioros en los niveles de pobreza y pobreza extrema, afectando más significativamente a niños, niñas y adolescentes (NNA). Según proyecciones de la CEPAL (2021), 22 millones de latinoamericanos pasaron a estar en situación de pobreza y pobreza extrema por ingresos en 2020, alcanzando un total de 209 millones de personas (37,3% de la población de la región) y a 48,5% de la población infantil.

Desde el inicio de la pandemia, la respuesta de los sistemas de protección social de la región ha sido contundente e innovadora en su tarea de mitigar los efectos de las medidas de contención sobre los ingresos de los hogares y de la economía en general. Ante el desafío de promover una respuesta rápida y de gran escala, los gobiernos debieron recurrir a soluciones creativas para llegar a la población afectada respetando las medidas de aislamiento social en prevención del COVID-19. Los países no solo activaron los programas preexistentes de asistencia social, seguridad social e intervenciones en el mercado laboral, sino que crearon nuevos programas, y adaptaron para ello sus sistemas de selección, registro y entrega de los beneficios.

Sin embargo, las verdaderas protagonistas de la respuesta a los efectos socioeconómicos del COVID-19 fueron las transferencias monetarias de emergencia, que buscaron llegar a los trabajadores informales y a la población vulnerable que no estaba cubierta por el sistema de protección social. Estas prestaciones presentaron variaciones en cobertura, generosidad y frecuencia de pagos. La cobertura osciló entre el 2 y el 96% de la población de los países, con mayor cobertura en las prestaciones de menor número de pagos. Estos programas lograron cubrir en promedio al 49,4% de las personas en ALC, lo que representó un aumento de 30,9 puntos porcentuales en comparación con los programas de transferencias monetarias condicionadas antes de la pandemia. La generosidad de los bonos fue baja en general, oscilando entre el 1 y el 20% del ingreso medio familiar mensual (11,82% en promedio, o USD PPA 202,13).

Con la prolongación de la crisis y de las necesidades, varios de los esquemas de pago pensados para las transferencias temporales resultaron insuficientes. Así, varios países hicieron cambios en la cobertura o la generosidad de sus programas, crearon segundas versiones de los programas (Paraguay, Chile, Ecuador y Brasil), o simplemente ampliaron la duración de sus programas (Colombia y República Dominicana).

Como el principal objetivo de las transferencias monetarias de emergencia era alcanzar la población vulnerable no cubierta por el sistema y afectada por los efectos de la pandemia, las adaptaciones realizadas en los sistemas de identificación y registro de beneficiarios y de pago de las prestaciones tienen una importancia mayor. Por un lado, el uso de los registros sociales en países donde estaban disponibles permitió acceder a información actualizada de potenciales beneficiarios y cruzar los datos con otros registros administrativos para priorizar a los hogares destinatarios de las distintas medidas de emergencia. Por otro, en la mayoría de los países los datos o registros disponibles no eran suficientes para identificar a los hogares más afectados. Así, los gobiernos implementaron nuevos métodos de postulación, principalmente mediante vías digitales como aplicaciones móviles y formularios en páginas web o por correo electrónico. Los países que combinaron el uso de los registros sociales para identificar a los beneficiarios y el registro abierto lograron una mayor cobertura de sus prestaciones.

En términos de pago, para alcanzar efectivamente a nuevos beneficiarios en un contexto de limitada o nula interacción presencial, se recurrió principalmente a la digitalización de los sistemas de pago, por medio de transferencias bancarias, o a la creación de cuentas digitales u otro tipo de medida que no les exigiera ser titular de una cuenta bancaria. Sin embargo, la digitalización se vio obstaculizada por la falta de infraestructura para soportar pagos no presenciales en áreas remotas y por las brechas en la bancarización de las personas destinatarias de programas de asistencia social. Así, en muchos países se mantuvieron pagos presenciales para facilitar el acceso a las prestaciones a personas que no tenían acceso a vías remotas de pago y que no estaban bancarizadas.

Las adaptaciones realizadas en los sistemas de pago y de registro de los programas de protección social en respuesta a la pandemia presentan una oportunidad de reformar permanentemente estos sistemas, aumentando la capacidad de inclusión y la eficiencia de los sistemas de protección social en su conjunto.

Referencias:

CEPAL. 2021. Panorama Social de América Latina, 2020. Santiago. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46687/S21001....

PALOMO, N.; FAULBAUM, L. V..; MACHADO, A. C.; ROLON, C.; SOARES, F. V.; RUBIO, M.; ALEJANDRE, F.; ESCAROZ, G. 2022. Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe: Innovaciones en los sistemas de registro y pago. Research Report N° 63 Brasilia y Ciudad de Panamá: Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina Regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO).