En el transporte público las reglas del juego sí importan
Transmilenio. Fuente: Infobae
Esta entrada de Blog nace de un trabajo de tesis de Maestría en Economía de la Universidad del Rosario, destacado por su calidad científica. Agradecemos a Vox.LACEA por brindar este espacio a nuestros estudiantes.
El transporte de pasajeros es un servicio costoso en varias dimensiones. Los usuarios tienen una pérdida de tiempo y recursos, y la administración pública debe subsidiar la tarifa comercial por los altos costos de su funcionamiento. De no subsidiar esta tarifa, la población en general no tendría capacidad de pago, y se generaría un mayor uso de otros modos de transporte menos eficientes. Estas son razones claves sobre la importancia de estudiar el sistema de transporte público y especialmente los contratos con los cuales opera. Actualmente se está discutiendo el modelo contractual con el que funcionará la segunda línea del metro de Bogotá. Para tomar una decisión a partir de la evidencia, es fundamental analizar el modelo de concesión con el cual funciona el transporte público de Bogotá. Según los resultados de mi tesis de maestría, continuar con esta misma política sería inconveniente para los usuarios y las finanzas de la capital (https://doi.org/10.48713/10336_33740). A continuación, expongo dos argumentos sobre el porqué.
En primer lugar, la administración distrital define el funcionamiento que deben realizar los operadores y, al mismo tiempo, debe garantizar la utilidad de los concesionarios. Por lo tanto, la administración tiene incentivos a reducir la calidad del servicio y la frecuencia de los buses debido a los costos crecientes de la operación del sistema. Como la utilidad de los concesionarios se genera a partir del funcionamiento del sistema, en la medida que mejora su calidad en kilómetros recorridos, velocidad de los buses, y demás características inherentes a la operación del transporte público, los costos serán mayores.
En segundo lugar, hay un problema de información combinado con incentivos perversos: si un operador es eficiente, es decir, que hace mejor uso de los recursos y logra operar con costos más bajos que otros operadores, éste tiene incentivos a inflar sus costos como si fueren ineficientes. Este es el resultado de que, en la práctica, la administración distrital “le cree” a los concesionarios sus costos operacionales y termina generando mayores cargas en los recursos públicos.
Estos dos aspectos muestran que el modelo de concesión de Transmilenio tiene incentivos para que, por un lado, se empeore la calidad del sistema y, por el otro, sea más costoso para el distrito. En ambos casos, los usuarios son los principales perjudicados. Es fundamental buscar nuevos y distintos mecanismos que procuren por establecer mejores condiciones contractuales que beneficien a los usuarios y las finanzas distritales, contemplando características de información asimétrica y riesgo moral, mediante el establecimiento de pagos condicionados a factores de eficiencia y calidad de las empresas concesionarias. Es importante profundizar en el estudio de mecanismos para la mejora del sistema de transporte; particularmente se debería explorar la apuesta de la alcaldía de Bogotá de contar con el operador público de transporte denominado “La Rolita”. Es importante estudiar que la capital cuente con un operador público de transporte permita, entre otras cosas, validar los costos de operación del sistema y sus rangos de utilidades, un posible mecanismo clave para contrarrestar el incentivo perverso con el que cuentan los contratos actuales.
En este sentido, apostar por la consolidación de una empresa pública de transporte puede apuntar a generar unas mejores garantías para los usuarios y establecer parámetros con los cuales se pueda avanzar hacia una renegociación de los contratos actuales. Por lo tanto, las definiciones respecto a la segunda y demás líneas del metro de Bogotá deben abordar aspectos técnicos, que garanticen calidad, capacidad y los mejores tiempos de desplazamiento, pero también deben abrir la discusión respecto al modelo contractual con el cual realizarán su operación.
