Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): Promesas y realidades
Cuatro décadas de privatizaciones de sistemas de pensiones en América Latina son también, cuatro décadas de un continuo debate sobre si el bienestar de una sociedad se promueve mejor a través de los mercados bajo un concepto de competencia y lucro o, más bien, a través de un Estado Social comprometido con los objetivos de la seguridad y justicia social, lo que implícitamente conlleva la noción de la solidaridad para poder garantizar la participación de todas y todos en el desarrollo de la vida política y social. El mercado, en este sentido, es indiferente, al entender que el bienestar sólo puede ser la suma de esfuerzos individuales, pero no una tarea de la sociedad como tal.
Un sistema de pensiones es parte sustancial de la seguridad social y garantiza la sobrevivencia de una parte creciente de la población que ya no es económicamente activa. Tal cómo en el caso de la salud y la educación y otros servicios básicos no termina la disputa sobre si estos servicios son bienes públicos o bienes mercantiles.
La pandemia de Covid-19 demostró que sistemas públicos de salud robustos ofrecen una mejor capacidad de reacción que sistemas subfinanciados con una fuerte presencia de oferentes privados con cobertura restringida. Eso vale tanto más en los países latinoamericanos, donde como mínimo la mitad de la población busca su sobrevivencia en el sector informal, la mayoría de las veces sin poder financiar su protección social.
Ya existen 40 años de experiencias con sistemas de pensiones privatizados. Tiempo más que suficiente para poder evaluar las grandes promesas que se hicieron en su momento, cuando se sustituyeron sistemas estatales de reparto, muchas veces en crisis. Las evidencias no son halagüeñas, por lo menos no desde el ángulo de la mayoría de los “clientes” de los sistemas privados. Claramente, la introducción de los sistemas privados ha definido ganadores y perdedores. El descontento es creciente, motivo por el cual varios países hicieron re-reformas o las están discutiendo, con el objetivo de amortiguar los efectos de la lógica de su funcionamiento en un entorno de segregación social a partir del mercado de trabajo y de la concentración de ingresos que se traduce directamente en pensiones de vejez insuficientes para las grandes mayorias.
Carmelo Mesa-Lago se dedicó desde un principio al análisis de ese experimento privatizador, en la mayoría de los casos, iniciado sin participación de los futuros clientes. Quién revisa el impresionante currículo de Carmelo comprende fácilmente no sólo su interés profesional, sino también su cúmulo de conocimientos. Además, tiene una relación de cooperación de larga data con la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. En varios países la FES apoyó en su momento los esfuerzos de actores sociales de reformar los sistemas de pensiones, manteniendo y mejorando sistemas estatales o introducir multipilares bajo criterios de justicia social. Como sabemos hoy, sin mucho éxito, pero sí previendo de cierta forma en los análisis los anunciados resultados negativos de las decisiones políticas que se tomaron. La FES está muy agradecida por la cooperación de Carmelo Mesa Lago, por sus análisis y recomendaciones desde 1992 en países como Brasil, Nicaragua, Guatemala, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Las Filipinas y Perú.
En esta monografía Mesa Lago reúne las evidencias y el desempeño de los sistemas privados de pensiones, a partir de las promesas de sus defensores, en los nueve países de América Latina que los adoptaron, analiza los resultados de las re-reformas en cuatro países y las propuestas de reforma actuales en otros dos y la situación del sistema de reparto más grande del continente. A partir de las conclusiones del análisis presenta una serie de recomendaciones que derivan de una orientación flexible y no de modelo único para una reforma que cumpla con los criterios de la seguridad y justicia social.
