La escasez en Venezuela es uno de los ingredientes que forman parte de la profunda crisis económica que atraviesa el país y que también se evidencia en la tasa de crecimiento de – 7,1% y de inflación de 141,5% que experimentó, según cifras del Banco Central de Venezuela, esta economía en el tercer trimestre del año 2015. Las largas colas de personas que pueden observarse en las calles de las diferentes ciudades del país en pos de adquirir alimentos, productos de cuidado personal y medicinas, dan cuenta de la gravedad de la situación, causada por los controles de precio que, junto a una moneda sobrevaluada,  han desincentivado la producción nacional. Esta política, atizada por la caída de los precios del petróleo y la capacidad importadora venezolana, han dado paso, entre otros, a fenómenos como el acaparamiento, el contrabando de extracción y “el bachaqueo” de productos, ante la oportunidad que tienen algunos grupos e individuos de acceder a bienes de primera necesidad a precios regulados, para luego venderlos en el mercado negro, obteniendo grandes ganancias gracias al diferencial de precios.

Aunque los efectos de los controles de precio en la economía, escasez, inflación y desinversión, están bien documentados, estos han sido una política recurrente en la economía venezolana por más de 70 años. Cabe preguntarse entonces por qué se han considerado necesarios los controles de precio en Venezuela, teniendo en cuenta sus consecuencias ya conocidas.

Los controles de precio como respuesta a la búsqueda de rentas

Más allá de los libros de texto sobre teoría económica, los mercados perfectos, aquellos capaces de generar resultados eficientes a través de la auto regulación y la competencia, son un mito. En el mundo real la gran mayoría de los mercados son incapaces de garantizar que las remuneraciones que reciben los factores productivos, se acerquen al menos, al aporte que estos ofrecen a la sociedad.

Las fallas de mercado como las asimetrías de la información, las externalidades, la inexistencia o poca profundidad de los mercados de seguros y la competencia imperfecta, son las causantes de las ineficiencias del mercado y la justificación para que el Estado intervenga en él, con el objetivo no siempre alcanzado de mejorar su funcionamiento.

En el caso de las políticas de controles de precio, estás suelen estar justificadas por la existencia de mercados monopólicos u oligopólicos, en los que un pequeño grupo de productores, gracias a su poder de mercado, son capaces de colocar precios más elevados a sus mercancías, de las que asignarían en competencia perfecta, apoderándose del excedente de una gran cantidad de consumidores poco informados y desorganizados. De esta manera se extrae renta de aquellos que poseen menos recursos, los consumidores, para transferirla a quienes tienen más, los productores, apalancándose la desigualdad.

Aunque en un contexto de competencia imperfecta parece lógico que el gobierno intervenga fijando los precios de las mercancías, para evitar que un grupo de la sociedad se enriquezca a costa del otro, la existencia de monopolios u oligopolios solo es posible gracias al amparo de este. Bien sea por la adjudicación directa de derechos monopólicos o por la no existencia o aplicación efectiva de los marcos regulatorios que fomentan la competencia.

Los grupos empresariales, dados sus niveles de organización y cantidad de recursos disponibles, están en la capacidad de presionar a los gobiernos para que legislen en función de que nunca tengan que enfrentar a la competencia, nacional o extranjera. A través de diferentes mecanismos se captura a las instituciones del Estado para que la aplicación de las leyes pro – competencia sean laxas, se levanten barreras a la entrada de importaciones con altos aranceles, se promuevan los derechos de explotación exclusiva indefinidamente, etc., todo esto afectando a los consumidores.

La economía venezolana no escapa a esta realidad de mercados imperfectos, en los que existe un alto nivel de concentración empresarial. Como ejemplo se puede revisar al sector alimentario, farmacéutico o automotor, para poder identificar a los pocos jugadores que operan en cada uno de estos. La baja competencia en los mercados venezolanos, como se comentaba con anterioridad a nivel general, ha sido la justificación histórica para la aplicación de controles de precio en esta economía.

Sin embargo, los controles de precio no solo son una consecuencia, sino que además se convierten en una causa del problema, al desincentivar la inversión y la entrada de nuevos competidores que permitan la desconcentración de los mercados. En una economía que depende de la explotación petrolera, con un alto sesgo a la generación de servicios, altas barreras para el emprendimiento y el establecimiento de nuevos negocios, entre otros ingredientes, los controles de precio no hacen más que garantizar que los mercados continúen estando concentrados y que en coyunturas como la actual, la escasez se convierta en un problema grave para la sociedad y no pueda evitarse que un grupo de esta aproveche la crisis para extraer renta, afectando a la colectividad.

Consecuencias de los controles de precio en la Venezuela del siglo XX y XXI

La escasez es tal vez la consecuencia más visible de los controles de precio, ya que las empresas en un contexto inflacionario, se enfrentan al incremento de los costos, recortando sus niveles de producción de bienes controlados ante la imposibilidad que tienen de ajustar sus precios. Esta situación es enfrentada con la reasignación de recursos hacia la generación de productos cuyos precios no están controlados, o con la desincorporación de factores de producción, los cuales quedan ociosos.

En Venezuela la escasez y el desabastecimiento son considerados por la población, según el Banco Central de Venezuela, como dos de los problemas más importantes que afectan al país, en un escenario de crisis que se agrava por la existencia de una alta concentración empresarial. Estos pueden evidenciarse en las largas colas que se observan en cualquiera de las ciudades venezolanas.

Sin restar importancia a la escasez y el desabastecimiento y el impacto que estos tienen en la vida de los venezolanos, los controles de precio han dado lugar a fenómenos que podrían ser aun más perversos. Uno de estos es la aparición de mercados negros en los que, gracias a la oportunidad de arbitraje, se comercializan productos regulados a precios que muchas veces exceden en 10 o más veces al controlado.

Los incentivos para obtener grandes rentas a través de la comercialización de productos regulados en mercados informales han dado paso a lo que se conoce como los “bachaqueros”, individuos que se aprovechan de las necesidades colectivas para obtener ganancias especulativas con la venta de productos regulados a precios mucho más elevados.

Otra consecuencia indeseada de los controles de precio en Venezuela ha sido la corrupción, representada por pequeños grupos que han logrado capturar instituciones del Estado para desviar grandes cantidades de productos de primera necesidad, adquiridos con divisas preferenciales y cuyos precios están regulados, a mercados informales, dentro y fuera del país, donde se puede obtener una mayor ganancia con su venta.

Los controles de precio incentivan el acaparamiento por parte del sector privado, cuya percepción se ubicó en 87% para el tercer trimestre del año 2015 según cifras del Banco Central de Venezuela, con la finalidad de desviar la producción a mercados no controlados donde se puedan obtener mayores beneficios.

Este tipo de políticas no solo atentan contra el abastecimiento de los hogares venezolanos, sino que además permiten la destrucción del capital social positivo, necesario para el desarrollo y crecimiento económico de cualquier nación, creando incentivos para que individuos o pequeños grupos se aprovechen de sus recursos para extraer renta a costa del bienestar colectivo, dando paso a una conducta predatoria entre los ciudadanos.

¿Qué se puede hacer?

La intervención del Estado en la economía, ante la existencia de fallas de mercado, no está en discusión. Lo que sí es discutible es la manera en que se interviene. En el caso de los controles de precio en la economía venezolana, una política que está orientada a proteger a los consumidores de empresas buscadoras de renta por medio de su poder de mercado, termina afectando la calidad de vida de estos, limitando sus posibilidades de contar con una mayor oferta de productos que les permitan elegir entre variedad y precios, exponiéndolos a la escasez y en situaciones de crisis aguda como la actual, dejándolos a merced de grupos especuladores que de igual manera terminan extrayendo renta de los que menos tienen.

Adicionalmente, los controles de precio en Venezuela han dado paso a la corrupción y a la destrucción de la confianza generalizada entre sus ciudadanos. Consecuencias mucho más graves a largo plazo para el crecimiento y desarrollo del país.

Para evitar la concentración de los mercados y la extracción y transferencia de renta sin la necesidad de controlar los precios, el Estado venezolano está llamado a jugar un rol protagónico promoviendo la aparición y fortalecimiento de nuevas empresas que permitan garantizar el abastecimiento y una mayor variedad de productos y de precios, lo que mejoraría la calidad de vida de los consumidores.

Incentivar la competencia y el emprendimiento exige del Estado venezolano la regulación efectiva de los mercados para evitar conductas monopólicas que atenten contra el bienestar colectivo, apoyar a los emprendedores con la cobertura de los costos de descubrimiento para el desarrollo de nuevas áreas de producción, disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios simplificando los trámites, implementando políticas de financiamiento y regímenes impositivos diferenciales, que hagan menos costosa la carga de iniciar una nueva empresa e incentivar la adquisición de nuevos conocimientos o know how.

Incentivar la inversión privada, sobre todo de pequeños y medianos empresarios, a través de políticas que garanticen los derechos de propiedad y la estabilidad económica es otra de las tareas que debe emprender el Estado venezolano, en función de darle profundidad a los mercados y tratar de garantizar que estos funciones de manera más eficiente.

Promover la confianza generalizada o capital social positivo entre los venezolanos, es otra medida que podría evitar que en situaciones de crisis un puñado de especuladores se aprovechen de las necesidades de las grandes mayorías, que por su bajo nivel de organización quedan expuestos ante funcionarios corruptos, empresarios especuladores y “bachaqueros”.

No se trata entonces de liberalizar los mercados, ni de intervenir en estos creando incentivos que profundizan los problemas. Por el contrario, tanto el Estado como el sector privado venezolano, están llamados a trabajar conjuntamente para el desarrollo de mercados más competitivos que redunden en un mayor bienestar para todos, provean herramientas para enfrentar crisis como las que vive el país actualmente y permita la diversificación de la economía, pasando de un modelo rentista a uno verdaderamente productivo.

Bibliografía:

Banco Central de Venezuela. (2016). Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos, III Trimestre del año 2015. BCV. Caracas, Venezuela.

Martinez Abal, M. (2000). El mito de la competencia en el mercado venezolano: Aprendizaje de las medidas económicas de ajuste aplicadas durante 1989 en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Stiglitz, J. (2012). El precio de la desigualdad. Taurus. Madrid, España.