Las remesas son una importante fuente de ingresos para los países de Centroamérica, además de tener un beneficioso impacto sobre los hogares receptores, como la reducción de la pobreza y la desigualdad o el aumento de la bancarización, efectos ampliamente documentados. Por ello, en la actual coyuntura en la que se espera que sufran una importante contracción, es necesario buscar mecanismos para obtener su máximo beneficio.

Más del 80% de las remesas de Centroamérica y República Dominicana provienen de Estados Unidos y forman parte del ingreso de un importante número de hogares. En El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana entre el 10% y el 20% de los hogares reciben remesas (ver gráfico 1). Además, en los hogares con menores recursos las remesas representan una importante proporción de sus ingresos. Por ejemplo, en El Salvador representan más del 40% del ingreso de los hogares en el quintil de menores ingresos. En los países de la región, más del 80% de las remesas se usa para la compra de productos básicos, alrededor del 10% se destina a educación de los menores de la familia, y el resto se suele utilizar en construcción y reparación de la vivienda o en el pago de alquiler.

En los últimos años los envíos de remesas tuvieron un desempeño destacable con crecimientos de doble dígito en varios países de la región apoyados por el buen desempeño del mercado laboral en Estados Unidos. En 2019, las remesas representaron más del 20% del PIB en El Salvador y Honduras y cerca del 13% del PIB en Guatemala y Nicaragua. En contraste, en 2020 la caída esperada en la actividad económica en Estados Unidos y el aumento de la tasa de desempleo latino (19% en abril) repercutirá en menores flujos por remesas a la región. En el mes de abril estos flujos se contrajeron entre un 10% y 40% en relación al año anterior en los países de la región. Se espera que la caída de remesas en 2020 sea más del doble de la que se observó durante la crisis financiera internacional.

En este entorno es importante buscar las mejores condiciones para las remesas. Esta es la propuesta de la publicación del BID “Economía digital y tecnología al servicio del desarrollo de la región: informe económico de Centroamérica y República Dominicana”, donde se presenta la experiencia de un sistema de transferencias internacionales entre bancos centrales como herramienta para maximizar el monto de recursos para los beneficiarios y contribuir al buen funcionamiento del mercado cambiario.

El costo de transacción en el envío de remesas se compone de dos elementos: la comisión por el envío y el tipo de cambio al que se cambia la remesa en moneda extranjera a moneda local. En los países de la región la dispersión en la comisión por el envío es aún amplia (ver gráfico 2), y en algunos casos también lo es el tipo de cambio que se aplica. Reducir esta comisión y mejorar el tipo de cambio contribuiría a maximizar el monto que reciben los beneficiarios, para lo cual se podría apoyar la competencia y complementar al mercado al reducir las barreras (regulatorias, de infraestructura, educación financiera, y bancarización) para la participación de las nuevas empresas de tecnológica financiera (fintech) de transferencias en línea de dinero transfronterizas, o implementando sistemas de pagos internacionales entre instituciones públicas, como lo hacen los bancos centrales de algunos países. Después de todo, el Objetivo de Desarrollo 10.3 busca que para 2030 el costo de transacción del envío de remesas de los migrantes sea menor a 3%.

De mantenerse un uso de las remesas similar al actual, los recursos adicionales por ganancias en eficiencia en el mercado cambiario se trasladarían al pago de necesidades básicas y la mejora en capital humano de la población. Si bien esto es deseable en todos los casos, más aún en un escenario post COVID-19 en la que los países necesitarán toda la ayuda posible para retomar cuanto antes un sendero de crecimiento y desarrollo.

En el entorno de debilidad económica en algunos países desarrollados, algunos migrantes podrían evaluar la posibilidad de retornar a sus países. El que no lo hagan contribuiría a que los países de destino puedan retomar su producción de manera más pronta, y los sectores en los que más participan no se vean impedidos para producir, por ejemplo, en los sectores estacionales como la agricultura. Para mitigar esta limitante para la recuperación, el país receptor podría proporcionar acceso a la protección a la salud e implementar medidas para mantener el empleo o proporcionar un ingreso mínimo.

En caso de que finalmente terminaran por regresar a su país de origen, se deberá por una parte prevenir infecciones locales y por otra crear un esquema que permita su reasentamiento. Para lo primero, es necesario que los países implementen las medidas sanitarias pertinentes a su ingreso. Mientras que su reasentamiento requiere desarrollar programas para que los activos que traen consigo como son sus ahorros y las nuevas habilidades que han adquirido como son conocimiento de inglés, tecnologías digitales, y nuevas formas de trabajar puedan generar su rendimiento potencial. Para esto último, programas de intermediación laboral, acceso a la salud, crédito y seguridad son útiles.

En el mediano plazo, sería deseable que en lugar de migrar por necesidad, los jóvenes produjeran en el país. Esto requiere aumentar la capacidad de producción nacional de tal manera que se impulsen las exportaciones de bienes y servicios en los que el país cuente con ventaja comparativa. Hacerlo implica incrementar la productividad de la economía mediante un mejor ambiente de negocios e institucional y un aumento del capital humano y del físico. La recomposición del gasto público hacia educación de calidad que promueva la ciencia y la tecnología y el sistema de salud permite que las personas produzcan bienes y servicios de mayor complejidad y valor agregado, y por más tiempo, mientras que una infraestructura bien planeada reduce los costos de operación de las empresas. Apoyar la productividad de la economía es de particular relevancia para los países con importantes flujos de remesas pues pueden generar presión de apreciación del tipo de cambio que limite la competitividad por precio de la industria de exportación.

En suma, en el corto plazo es importante promover un entorno que permita que las remesas se trasladen a los beneficiarios en las mejores condiciones financieras posibles y cuidar un posible retorno de los migrantes. Mientras que con la vista puesta en el mediano plazo, es prioritario iniciar desde ahora la implementación de medidas que aumenten la productividad para crear las oportunidades laborales y el bienestar que reduzcan la necesidad de migrar y la dependencia en remesas del exterior.

Arnoldo López Marmolejo y Marta Ruiz Arranz son, respectivamente, Economista Líder y y Asesora Económica Principal del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ambos son coautores del estudio “Economía digital y tecnología al servicio del desarrollo de la región: informe económico de Centroamérica y República Dominicana”.